ECR Party’s multilingual hub for Centre-Right ideas and commentarySpanishDemoledora crítica de Christopher Snowdon, del IEA, al intervencionismo de Bruselas. ...
La Comisión Europea ha presentado un nuevo plan de medidas orientado a moderar ciertos hábitos de consumo referidos a la alimentación, el alcohol o el tabaco. Las medidas adoptadas por Bruselas deben ser evaluadas detenidamente, puesto que pueden tener un impacto significativo en las industrias afectadas y en otros sectores que están especialmente afectados por la pandemia del covid-19, como la hostelería y la restauración.
Según explica Christopher Snowdon en un briefing publicado por Epicenter, la Comisión ha anunciado que pretende “revisar la legislación de la UE sobre la fiscalidad del alcohol”. En este sentido, no hay que olvidar que ya existe una imposición comunitaria mínima aplicada sobre la venta de bebidas espirituosas, de modo que una revisión al alza de este umbral tendrá efectos en todos los países, con el agravante de que el sistema actual no discrimina según el nivel de renta de los socios europeos, lo que implica impuestos aún más altos para los países más pobres de la Unión.
Otro de los aspectos en los que se anuncian cambios tiene que ver con la capacidad de realizar compras de alcohol fuera del país de residencia. Las compras transfronterizas actúan, en la práctica, como contrapeso a los excesos fiscales de ciertos países que elevan sus impuestos especiales de forma significativa. Además, tales adquisiciones se enmarcan dentro de los principios del mercado único europeo. Por último, tales operaciones no suponen más que una parte mínima de las ventas de alcohol y no está demostrado que el consumo sea más elevado debido a esta práctica.
Snowdon alerta también de la intención de la Comisión de “supervisar de cerca la implementación de las disposiciones de la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales sobre Comunicaciones Comerciales de Bebidas Alcohólicas”, que implican la adopción de nuevos estándares en las “plataformas de vídeo online”. Esto supondrá “trabajar con los Estados miembros, con el grupo de reguladores europeos de servicios de medios audiovisuales (ERGA, por sus siglas en inglés) y con las partes interesadas, para fomentar iniciativas de autorregulación y corregulación”. El problema con este planteamiento, que a priori abre a puerta a un sano proceso de autocontrol por parte del sector, es que Bruselas tiende a enfocar este tipo de diálogo como un monólogo en el que solo participan grupos contrarios a la industria de las bebidas espirituosas.
Finalmente, la Comisión Europea propone “la inclusión de una etiqueta obligatoria que detalle la lista de ingredientes y la información nutricional de las bebidas alcohólicas”. El briefing de Epicenter destaca que “los consumidores salen beneficiados de las mejoras de información y merecen saber lo que están bebiendo con mayor claridad. Hay buenas razones para que la información sobre calorías e ingredientes sea obligatoria en las etiquetas de las bebidas. En cambio, el caso de las advertencias sanitarias es menos sólido. Hay un espacio limitado en muchas botellas y existe el peligro de que la información de salud sea incompleta o engañosa. ¿Qué es lo que la Comisión cree que los consumidores no saben sobre el alcohol? ¿Es tan importante como para requerir advertencias intrusivas en el producto o se puede transmitir la información de otras formas?”.
NUEVAS REGULACIONES PARA LA ALIMENTACIÓN
La Comisión también quiere aplicar nuevos impuestos y restricciones publicitarias en el mercado alimentario. El objetivo oficial es “promover la reducción de la obesidad”. Todo apunta a que la fórmula escogida será “un informe de implementación de la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales”, que saldrá a la luz en 2022 y que se fijará especialmente en “las comunicaciones comerciales sobre alimentos y bebidas no saludables”. Por lo tanto, parece que la Comisión se orienta a prohibir determinadas formas de publicidad ligadas a ciertos alimentos.
De entrada, como recuerda Snowdon, “la UE tiene la autoridad para prohibir la publicidad en cualquier medio que pueda cruzar fronteras, como ya ha hecho con el tabaco y los cigarrillos electrónicos, pero hay muchos argumentos en contra de la adopción de tal política. Los alimentos son un producto esencial y ningún alimento autorizado para la venta es intrínsecamente peligroso. No existe, pues, una definición legal de lo que es o no ”comida no saludable” y, de hecho, muchos productos que están clasificados como “altos en grasas, azúcar o sal” no serían considerados como dañinos por el gran público que los consume. Por otro lado, la publicidad es una importante palanca de competencia que permite a los nuevos participantes ingresar al mercado y fomenta procesos de innovación en dicho marco de oferta y demanda. El negocio de la alimentación es, de hecho, la industria más grande de Europa, mientras que la publicidad alimentaria constituye una fuente importante de ingresos para muchos medios de comunicación, plataformas publicitarias y otros servicios (incluido el transporte público y las artes)”.
El briefing de Epicenter recalca que “la asociación entre la publicidad de alimentos y la obesidad es débil y se basa en estudios de mala calidad. Prohibir la publicidad es una forma de censura que solo debe considerarse en circunstancias extremas. Los anuncios de chocolate o helado no cruzan ningún umbral razonable que cause daño a la ciudadanía. Ningún Estado miembro ha tomado este tipo de medidas restrictivas de la publicidad y, por lo tanto, no existe ninguna justificación por motivos de armonización del mercado. La prohibición de esta forma de comunicaciones comerciales no ayudaría a facilitar el comercio entre los Estados miembros. Al contrario, lo obstaculizaría”.
La Comisión también dice que “publicará un estudio que mapee las medidas fiscales y las políticas de precios de azúcares, refrescos y bebidas alcohólicas”. A continuación, la Comisión “considerará la viabilidad de proponer nuevas medidas fiscales sobre azúcares y refrescos”. En opinión de Snowdon, esta propuesta “parece estar fuera del alcance de competencias de la UE. Algunos Estados miembros han introducido impuestos sobre las bebidas azucaradas que no han llevado a ninguna reducción en los niveles de obesidad, pero al menos el experimento se ha limitado a sus propias medidas fiscales. En cambio, no existe ninguna justificación para un impuesto a escala de la UE por motivos de armonización del mercado. Los impuestos nacionales sobre el azúcar no tienen repercusiones en el comercio intracomunitario”.
La Comisión, apunta Epicenter, “parece estar adelantándose a las conclusiones de su estudio de mapeo cuando dice que analizará la viabilidad de los impuestos al azúcar después de su publicación. Sin duda, no sería sorprendente que el proceso gire en torno a académicos que apoyan los impuestos al azúcar y, de esta forma, se produzca un sesgo continuado en la investigación, a pesar de que los impuestos al azúcar nunca han funcionado en ninguna parte, puesto que ningún país del mundo ha experimentado una reducción de la obesidad de adultos o niños después de introducir tal forma de gravamen. Estamos, ante todo, ante medidas que solo persiguen la recaudación de ingresos, puesto que no arrojan los beneficios sanitarios que suelen venderse. Y, si un gobierno nacional desea introducir un impuesto de este tipo, seguramente preferirá recaudar los ingresos por sí mismo en lugar de verlos ir a la UE”.
NUEVAS RESTRICCIONES DEL TABACO
La Comisión también declara explícitamente que quiere lograr “una generación libre de tabaco” en 2040. Su meta es que menos del 5% de la población consuma tabaco en veinte años. Sin embargo, esta decisión carece de cobertura democrática, puesto que ningún organismo representativo, sea el Parlamento o el Consejo Europeo, ha planteado esta meta. Además, se trata de una medida que afecta directamente a la libertad de elección de los consumidores, en la medida en que se pretende reducir el acceso a un producto plenamente legal en los veintisiete países de la UE.
Snowdon reclaca que “la Comisión basa su plan en torno a la noción del empaquetado neutro y hacia la prohibición total de los aromas. Lo primero ha sido implementado en distintos países y no ha tenido impacto en las tasas de tabaquismo y el consumo de cigarrillos. Así lo muestran los casos de países como Reino Unido y Australia, además de varias pruebas piloto en países de la UE que, de nuevo, no han tenido éxito. Por lo tanto, no hay razón para que el resto del bloque siga su ejemplo y se adentre en este callejón sin salida”.
La prohibición de fumar, explica Epicenter, “está más allá de la competencia de la UE y es un asunto puramente de los gobiernos nacionales. Sin embargo, la Comisión dice que propondrá actualizar la Recomendación del Consejo sobre entornos libres de humo, ampliando su cobertura a productos emergentes, como cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentados, y ampliando los entornos libres de humo, incluidos los espacios al aire libre”.
En la misma línea va el “la citada prohibición total de los aromas”, lo que parece ser una referencia a los productos de cigarrillos electrónicos, en la medida en que la UE ya ha prohibido los cigarrillos tradicionales aromatizados, incluidos los de mentol. La mayoría de los vapeadores usan cigarrillos electrónicos con sabor, puesto que el aroma constituye un atractivo esencial para quienes dan el peso de abandonar el tabaco tradicional y optan por adentrarse en el consumo del cigarrillo electrónico. Snowdon explica que “los estudios disponibles sugieren que los cigarrillos electrónicos con sabor pueden ayudar a los fumadores adultos en su esfuerzo para reducir el consumo de tabaco y, en última instancia, dejar de fumar. Los ex fumadores sondeados por expertos en salud pública citan la amplia variedad de aromas disponibles y el sabor superior de los cigarrillos electrónicos como factores que ayudan a dar el paso. Por eso, restringir la disponibilidad de aromas haría que el vapeo fuera menos agradable y reduciría el atractivo de los cigarrillos electrónicos”.
De manera que, de entrada, los planes de la Comisión Europea parecen incurrir en los viejos vicios paternalistas de la legislación vigente en materia de consumo. Pese al celo regulatorio, la evidencia muestra que este tipo de intervencionismo no se traduce en una aminoración del consumo. De hecho, el siguiente gráfico presenta los resultados del Índice del Estado Niñera, obra de Epicenter, que compara la intensidad de las restricciones a la comida, la bebida y el tabaco aplicadas en los países de la UE-27 con la esperanza de vida observada en cada uno de ellos. Como puede verse, la correlación brilla por su ausencia.
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