El coste de la ineficacia judicial en España y Europa

Publican nuevos datos sobre los tiempos y costes de la justicia en España....

Desde hace décadas, el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage incorpora una variable específicamente dedicada a la cuestión de la eficacia judicial. Es lógico que así sea: la economía de mercado no puede funcionar a pleno rendimiento si no viene acompañada por un sistema de justicia que apuntale la actividad privada, generando certidumbre en torno al cumplimiento de las leyes y brindando seguridad jurídica mediante la resolución satisfactoria de disputas o diferencias.

Si nos fijamos en la edición 2021 del Índice de Libertad Económica, podemos ver que la calificación asignada en la categoría dedicada a la eficacia judicial asciende a 86,9 puntos en el caso de Dinamarca, a 83,5 puntos en el de Austria o a 82,2 puntos en el de Finlandia. Sin embargo, otros países miembros de la UE no logran tan buenos resultados: Croacia se queda en apenas 41,1 puntos, Bulgaria solo suma 43,6 puntos y Eslovaquia simplemente consigue 44,4 puntos.

Hay, por lo tanto, una gran divergencia entre unos y otros socios comunitarios en lo referido a la calidad de sus sistemas judiciales. Precisamente por eso tiene especial interés un trabajo publicado recientemente por el Banco de España, en el que su economista Juan S. Mora-Sanguinetti evalúa hasta qué punto la eficacia de la justicia afecta a las decisiones de inversión de las empresas.

Según apunta el informe, “la duración de un litigio en primera instancia en España es de 272 días, un plazo superior a la media de la OCDE (238 días). Este resultado está en línea con lo publicado por la Comisión Europea en su Informe para la Eficacia de la Justicia, donde se apunta que los tribunales españoles necesitarían 318 días para resolver un conflicto, frente a los 237 días que se observan en los demás países miembros de la iniciativa”.

En el mismo sentido, si estudiamos lo sucedido durante la pasada crisis económica (la llamada Gran Recesión), vemos que España registró una de las tasas de litigación más elevadas de la UE y la OCDE, ya sea midiendo este indicador en relación con el PIB o comparándolo con el tamaño de la población. De modo que el análisis para España resulta especialmente pertinente.

Para medir el impacto de la ineficacia judicial sobre las decisiones de inversión, el artículo combina dos bases de datos: “por un lado, la Central de Balances Integrada (CBI) del Banco de España, que proporciona información detallada sobre las decisiones de inversión de más de 650.000 empresas españolas; por otro lado, la base de datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de la que se extrae información sobre el funcionamiento del sistema judicial a escala local, durante el período 2002-2016”.

La investigación de Juan S. Mora-Sanguinetti encuentra que el grado de eficacia judicial “tiene un impacto positivo y significativo en la inversión empresarial y que su magnitud es económicamente relevante. En este sentido, los resultados de este trabajo apuntan a que reducir la congestión judicial en nuestro país podría tener importantes implicaciones positivas en términos agregados, en particular a través de su impulso sobre el crecimiento económico a medio y a largo plazo”.

Según el informe, “los coeficientes estimados apuntan a que un aumento en una unidad en la tasa de congestión provoca una caída de la inversión de un punto porcentual (%). Para tener una mejor idea de estas magnitudes, un ejemplo puede resultar útil. En 2010, Alicante era una de las provincias con mayor nivel de congestión judicial, alcanzando una ratio de 2,2 (es decir, 220 casos no resueltos por cada 100 casos resueltos). En cambio, Álava presentaba uno de los niveles más bajos a nivel provincial, con una ratio de 1,4 (140 casos no resueltos por cada 100 casos resueltos). Pues bien, de acuerdo con los coeficientes estimados en este trabajo, si Alicante hubiera tenido la eficacia judicial observada en Álava, su ratio de inversión empresarial, habría sido superior en 0,8 puntos”.

Según concluye el informe, “si un sistema judicial se muestra ineficaz, podría generar inseguridad y una menor confianza entre los agentes económicos, por lo que la tasa de inversión en la economía se vería penalizada. En línea con estos argumentos, la investigación determina que la ineficacia del sistema judicial en la jurisdicción civil, aproximada por su tasa de congestión, tiene un impacto negativo y significativo sobre la inversión empresarial en España. Por tanto, al objeto de elevar el nivel de inversión privada en España, motor fundamental del crecimiento económico a medio y a largo plazo, una recomendación de política económica vendría dada por la conveniencia de incrementar la eficacia de nuestro sistema judicial, reduciendo sus elevadas tasas de congestión, lo que permitiría mejorar la seguridad jurídica en la contratación entre empresas privadas”.