El gasto público subirá del 43% al 50,8% del PIB en la Eurozona

Las cuentas públicas de la Eurozona se deterioran con fuerza en 2020. En 2025, no todos los países habrán reducido el aumento en el peso del gasto público sobre el PIB. ...

La pandemia del covid-19 ha tenido un efecto doblemente negativo en el plano fiscal. El shock económico derivado de las restricciones sanitarias ha hundido los ingresos, generando una merma recaudatoria que mina los caudales de las haciendas públicas. Además, el despliegue de medidas de estímulo orientadas a compensar tales restricciones tiene la consecuencia de elevar significativamente el gasto, generando un agujero aún mayor. A todo esto hay que sumarle el hecho de que el saldo presupuestario de las Administraciones Públicas suele medirse comparando la brecha entre ingresos y gastos en relación con el PIB, de modo que la propia caída de la economía puede tener el efecto de agravar el resultado obtenido en este indicador.

Desde hace muchos años, Francia es el país de la Eurozona que registra un mayor nivel de gasto público. Ya antes de la pandemia veíamos que sus Administraciones Públicas asumían unos desembolsos equivalentes al 55,6% del PIB. Este porcentaje se sitúa muy por encima del promedio observado en los diecinueve países miembros del área monetaria única, que ronda el 43% del PIB. Por lo tanto, hablamos de unas estructuras de gasto tremendamente sobredimensionadas en relación con la producción económica de la república gala. ¿Qué impacto tendrá el covid-19 en este indicador? Según el Monitor Fiscal del Fondo Monetario Internacional, la crisis sanitaria y económica tendrá el efecto de elevar el ratio gasto/PIB hasta el 63,1%, lo que se traduce en un aumento de 7,5 puntos porcentuales con respecto a los datos del año 2019. Al menos, la perspectiva de la entidad con sede en Washington es razonablemente positiva de cara al siguiente lustro, puesto que se espera que el gasto suponga el 55,8% del PIB en 2025, lo que prácticamente supondría regresar a los niveles de 2019. El endeudamiento del país galo va a saltar del 98,1% al 123,3% del PIB entre 2020 y 2025, de modo que el gasto planteado durante el lustro venidero es claramente superior a los ingresos, lo que genera un claro problema de excesivo apalancamiento público.

También Bélgica destaca por el enorme peso de sus Administraciones Públicas, puesto que en 2018 y 2019 sus presupuestos equivalían al 52,3% del PIB. La pandemia elevará este indicador hasta el 61,3%, un aumento de 9 puntos porcentuales. Aunque en 2025 se espera que esta cifra se haya reducido al 55,4% del PIB, estamos hablando de un aumento de 3,1 puntos con respecto a los niveles de 2019. El problema, pues, no es solo que en 2020 se va a dar un nivel muy elevado de gasto público, sino que en el lustro siguiente no se recuperarán los niveles previos a la pandemia, que ya resultaban preocupantes de por sí. Por otro lado, si medimos la evolución de la deuda encontramos que subirá del 98,7% al 123% del PIB entre 2019 y 2025, de manera que el gasto esperado para el próximo lustro se antoja claramente insostenible en comparación con los ingresos públicos y el ritmo de crecimiento de la economía.

España se ha situado tradicionalmente en la zona media-baja de este tipo de clasificaciones. Su gasto público ascendió en 2018 al 41,7% del PIB y alcanzó en 2019 el 41,91% de la producción económica anual. En 2020, la profunda crisis que ha generado una nefasta gestión del coronavirus está llamada a dejar este indicador en el 52,7% del PIB, lo que implica un repunte de 10,8 puntos con respecto a 2019. Sí se espera, no obstante, que el gasto se reduzca al 42,9% del PIB en 2025, lo que compensaría buena parte de la subida ligada al covid-19. Sin embargo, el problema fiscal para España será la deuda, que pasará del 95,5% del PIB en 2019 al 118,8% del PIB en 2025, ya que la evolución de los ingresos durante el próximo lustro será insuficiente para cuadrar la brecha generada por un gasto excesivo.

En 2020, según el Monitor Fiscal del Fondo Monetario Internacional, el país de la Eurozona con menor aumento del gasto público medido en relación con el PIB será Estonia, puesto que solo lo verá aumentar 1,8 puntos, pasando del 38,9% al 40,8%. No obstante, su evolución hasta 2025 será algo peor, hasta alcanzar el 42,6% del PIB, de modo que el lustro próximo añadirá 3,6 puntos al ratio de gasto/PIB.

Solo un país miembro de la Unión Europea va a salir del periodo 2020-2025 con un Estado claramente más pequeño que en 2019. Se trata de Irlanda, que en 2018 tenía un gasto del 25% del PIB y en 2019 se movía en el 24,2% pero, tras el aumento al 29,4% previsto en 2020, irá reduciendo este indicador hasta situarlo en el 22,5% del PIB durante el curso 2025. Eslovenia también reducirá el peso del gasto sobre el PIB, pero de forma más moderada (0,2 puntos), pasando del 43,7% al 43,5% del PIB entre 2019 y 2025.

Cuando analizamos el promedio para toda la Eurozona, podemos comprobar que el gasto público sobre el PIB ascendía en 2019 al 43%, pero se disparará en 2020 hasta llegar al 50,8%. Partiendo de ese “pico” motivado por el covid-19 y equivalente a elevar en 7,8 puntos el peso del Estado sobre la economía, entre los años 2021 y 2025 se plantea un repliegue progresivo de este indicador, favorecido por la reducción de los gastos extraordinarios ligados a la pandemia y por la recuperación parcial o total de actividades privadas que se han hundido en 2020. Esa mejora ayudará a compensar 6,6 puntos del diferencial provocado por la pandemia, pero el saldo final seguirá siendo mayor, puesto que el Monitor Fiscal del Fondo Monetario Internacional calcula que el gasto será del 44,2% del PIB en 2025, lo que supone 1,2 puntos más que en 2019.

Alemania, locomotora de la economía comunitaria, va a pasar de un gasto del 46,9% del PIB en 2018 y del 45,2% en 2019 a unos desembolsos del 53,9% en 2020. La perspectiva a medio plazo pasa por dejar este indicador en el 45,7% del PIB, es decir, casi a la par de los niveles previos a la pandemia.

El papel de Bruselas

Está por ver el papel que jugarán las instituciones europeas en este proceso de ajuste presupuestario. En septiembre, la Comisión remitió una carta en la que comunicó oficialmente a los socios comunitarios que no pedirá ajustes fiscales a lo largo del próximo año, alargando la suspensión de las normas fiscales durante un curso más. No obstante, en 2022 se espera la reimplantación de los objetivos de déficit y deuda, en línea con los tratados comunitarios que aspiran a limitar el endeudamiento y el déficit público, con umbrales máximos del 60% y del 3% del PIB, respectivamente.  

La carta en cuestión llevaba la firma del vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y del comisario de Economía, Paolo Gentiloni. Ambos altos cargos se apoyaron en las reuniones que mantuvieron en septiembre el Eurogrupo y el Ecofin, organismos que agrupan a los ministros de Economía y Hacienda de los distintos países europeos. Estas dos cumbres acordaron prolongar la suspensión de las reglas fiscales durante 2020 y 2021, aunque encomendaron a Bruselas la tarea de “retomar políticas que lleven a posiciones fiscales prudentes” a partir de la primavera de 2021.

Si analizamos el stock de deuda pública en la Eurozona encontramos que, durante el curso 2019, este indicador se movió en torno al 72,9% del PIB. Sin embargo, en este año 2020 se espera que los pasivos acumulados por las haciendas de los países integrados en la moneda única asciendan hasta el 87,8% del PIB. Algunos países, como Grecia, llegarán a superar el 200% del PIB, mientras que otros seis miembros de la Eurozona rebasarán el umbral del 100% del PIB (a saber: Bélgica, con un 117,7% del PIB; Chipre, con un 118,4% del PIB; España, con un 123% del PIB; Francia, con un 118,7% del PIB; Italia, con un 161,9% del PIB; Portugal, con un 137,2% del PIB). Por el contrario, en 2025 se espera que la mejora de la actividad y la activación de cierta contención presupuestaria permita regresar este indicador al 79,9% del PIB, lo que supone una reducción de 7,9 puntos con respecto al “pico” de 2020 pero también un aumento de 7,1 puntos en relación con los niveles observados antes de la pandemia.

En este sentido, algunas voces argumentan que podría tener sentido plantear una modificación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que eleve el objetivo de deuda para la década 2020-2030 hasta el 70% del PIB, pero comprometiendo su reducción al 60% entre los años 2030-2040. Sin embargo, el problema de este tipo de compromisos es que relaja sustancialmente la necesaria presión que deben sentir los gobernantes para limitar el endeudamiento público.

¿Hay, entonces, otra alternativa? Una fórmula más sencilla y ortodoxa pasa por evitar “rescates”, como los “planes europeos de reconstrucción”, y normalizar la política monetaria, poniendo fin a la compra de deuda pública y adoptando unos tipos de interés convencionales, ayudaría a eliminar este tipo de complejidades, en la medida en que cada país debería sostener sus propias finanzas en los mercados de deuda y sería el mercado el que aseguraría que los países que asumen demasiadas obligaciones sigan acumulando compromisos por encima de sus posibilidades reales de pago. Sin embargo, regresar a una cierta normalidad en materia fiscal y monetaria está demostrando ser muy complicado para muchos gobiernos europeos que se han acostumbrado a los déficits perpetuos y el dinero barato. En consecuencia, las negociaciones de los próximos meses se antojan fundamentales a la hora de limitar la influencia de dicho discurso y volver a poner en valor la importancia de gestionar las cuentas públicas desde el rigor, la responsabilidad y el compromiso con la estabilidad macroeconómica, financiera y fiscal de cada país.