España, excepcionalidad en Europa

Distintos países de Europa están aplicando diversas medidas para intentar parar la pandemia del COVID-19. Francia, Alemania y Reino Unido vuelven a paralizar sus economías...

La reacción por parte de los distintos gobiernos ante la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 está siendo diferente; muchos ciudadanos y empresas se ven beneficiados por las nuevas acciones y otros, por el contrario, temen por la economía y su futuro.

Alemania, por ejemplo, ha decidido pagar a sus pequeñas y medianas empresas el 75% de los ingresos medios del ejercicio pasado en compensación por no poder abrir sus negocios. Por otro lado, Francia y Reino Unido rebajan impuestos. 

Mientras tanto en España se suben los impuestos a todos los ciudadanos y, en contra de lo que sucede en otros países, se está permitiendo que las distintas comunidades autónomas y regiones apliquen sus medidas de manera unilateral, sin presentarse ningún tipo de acción coordinada para luchar contra el coronaviurs (COVID-19).

En otros países de nuestro entorno como Bélgica, con una división territorial mucho más profunda que la española, existe una acción coordinada del Gobierno Federal con la posibilidad de que las regiones federales sean más estrictas, pero éste no es el caso de España.

Si bien es cierto que el Gobierno español aprobó el pasado 25 de octubre, el Real Decreto 926/2020, por el que se declara un nuevo estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2; entre otras medidas, las personas no podrán circular por las vías públicas, salvo para la realización de las actividades esenciales, durante el periodo comprendido entre las 23:00 y las 6:00 horas, intentando con éste limitar la movilidad y la reunión de personas durante los próximos seis meses. Esta medida supone que España sea el país donde estamos sufriendo una de las más grandes limitaciones de derechos de los ciudadanos de toda Europa.

La Constitución española es una constitución garantista y en sus primeros artículos protege de manera excepcional libertades como la de libre movimiento y reunión. Ni incluso con un estado de alarma estas libertades pueden ser limitadas, sólo sería posible con la aplicación de un estado de sitio (antes llamado estado de Guerra) o un estado de excepción. El estado de alarma, el más leve de los tres estados excepcionales, está previsto para grandes catástrofes, crisis sanitarias o paralizaciones graves de los servicios públicos como consecuencia de huelgas o conflictos laborales, pero no limita en ningún caso derechos de movimiento y/o reunión.

No sólo están intentando limitar una serie de derechos inviolables de la población en democracia, sino que el propio mecanismo que han elegido para atacar esos derechos es claramente inconstitucional. Entre otras cosas, la Constitución española obliga al Ejecutivo a declarar el estado de alarma únicamente por 15 días y, si de manera excepcional necesita otros 15 días, debe volver a solicitar permiso al Parlamento explicando cuáles son las causas de la prórroga. Es decir, debe explicar en qué ha fallado la estrategia del Gobierno y por qué no han funcionado las medidas adoptadas. Un golpe de humildad que todos, y sobre todo los políticos, necesitamos de vez en cuando.

La mayoría de los ciudadanos españoles lo hemos dado todo para luchar contra el coronavirus; hemos sacrificado mucho, pero también esperamos que las distintas administraciones respondan con efecto. La administración central desperdició el primer estado de alarma en el que los ciudadanos de España le dimos tiempo de gracia al Gobierno para que tomase las medidas pertinentes, que no tomó, cuando estaba en sobre aviso por Europa desde diciembre de que la situación era grave.

Hoy en día parecen seguir en la misma línea, pretendiendo atacar a un virus con medidas del siglo XIV en lugar de con la tecnología del siglo XXI. Todavía seguimos sin ver la trazabilidad del virus a través de tecnología, seguimos sin conocer el número de muertos a causa del coronavirus y sin una estrategia nacional con medidas claras para que todos las podamos entender. Aún seguimos soportando a un Gobierno qué día tras día se preocupa más de denigrar a la oposición que de salvar vidas. 

La pregunta es: ¿cuándo empezarán a darse cuenta las autoridades de todas las personas y empresas que estamos dejando atrás? Si ellos no lo hacen la responsabilidad es nuestra, de los ciudadanos, de cuidarnos los unos a los otros del coronavirus y de las medidas ilegítimas por parte del Gobierno.