España mira a Holanda para solucionar el problema de la ‘okupación’

Agencias negociadoras, controles de seguridad, guardianes de edificios vacíos... La inacción de las instituciones motiva la búsqueda de soluciones privadas. ...

España ha vivido en los últimos años un “progresivo y continuo incremento en el número de denuncias presentadas por ocupación ilegal de inmuebles. Según los datos del ministerio de Interior, en 2015 se tramitaron 10.376 denuncias de este tipo, pero esa cifra se elevó a 9.998 en 2016, alcanzó las 10.619 en 2017, llegó a 12.214 en 2018 y subió a 14.621 en 2019. Aunque no se han publicado datos para el conjunto de 2020, el primer semestre cerró con 7.450 denuncias, a pesar de las severas restricciones de movilidad asociadas al covid-19.

Europa Ciudadana, un think tank académico, ha constatado que, “en un plazo de cinco años se han incrementado prácticamente en un 50% este tipo de acciones civiles frente a la ocupación de viviendas. Es digno de reseñar la distribución territorial de las mismas, en la medida en que casi la mitad del total de demandas presentadas durante este primer semestre del 2020 lo fueron en Cataluña —3.611—, seguida por las que se interpusieron en Andalucía —1.183—, Madrid —657— y Canarias —566—, de manera que en estas cuatro Comunidades Autónomas se localiza algo más del 80% de todos los desahucios promovidos a nivel nacional en este primer semestre del 2020”.

"Es muy ilustrativa también la comparativa entre el año 2015 y el 2019 por territorios: en Cataluña el incremento de demandas por desahucio en este plazo temporal prácticamente se ha duplicado —pasando de 3.950 a 6.688 demandas—, siendo la Comunidad Autónoma donde el aumento ha sido más llamativo, aunque la tónica general es de su crecimiento en prácticamente todas las CCAA Por provincias, Barcelona es la que más ocupaciones registra sumando 17.465 casos en los últimos seis años, lo que representa una tasa de denuncias por cada 10.000 viviendas de 66,90, por detrás están Tarragona, con una tasa de 52,8, Gerona con 49,19, y Sevilla con 41,82. Sin embargo, si se toma en cuenta el número total de viviendas respecto del total de ocupación ilegal, las provincias más afectadas serían Toledo, Islas Baleares, Barcelona y Granada, respectivamente. Todos estos datos ponen de manifiesto de forma unívoca el alcance y la gravedad del fenómeno de la ocupación de viviendas en nuestro país, y que se plasma no sólo en el incremento progresivo y continuo en las demandas de desahucio, sino también en el aumento y crecimiento de la ocupación subyacente, que es donde -en nuestra opinión- radica fundamentalmente el problema, ya que no se debe perder la perspectiva en el enjuiciamiento de la cuestión: la judicialización manifiesta el problema, pero la cuestión relevante es el ambiente proclive a una cierta permisividad en parte de la opinión pública y política respecto del fenómeno de la ocupación”, subrayan desde la institución.

La alternativa holandesa

Estas circunstancias han animado a Europa Ciudadana a estudiar la evolución de esta problemática en otros países europeos. Desde la entidad ensalzan la respuesta holandesa a la presión social en materia de vivienda, que ha consistido en responder a la escasez con medidas favorecedoras de la oferta: "aprovechamiento de todos los espacios posibles para convertirlos en vivienda (incluyendo molinos de viento, construcciones abandonadas, lugares de almacenamiento de agua, etc.), transformación de zonas industriales y portuarias que han caído en desuso (tras la compleja tramitación administrativa para asignarles una nueva calificación urbanística), alteración en el uso de determinados edificios, como oficinas o zonas comerciales vacías, para su paso a función residencial, uso temporal de edificios vacíos…”.

En paralelo, la lucha contra las ocupaciones ilegales se ha endurecido por distintas vías. Como explica Libre Mercado, “se han endurecido las penas, que suponen hasta dos años y ocho meses por usurpación de vivienda, y se han acortado los plazos de arrendamiento a corto plazo, para que un eventual escenario de ocupación pueda resolverse de forma más rápida”. Según explica el diario, “para los propietarios de vivienda, esta ley es mucho mejor que el modelo de Berlín o París, donde el mercado de alquiler y de compra-venta está muy limitado por la fijación de precios máximos, que reducen la oferta de vivienda disponible en ambas capitales y abren la puerta a una mayor presión por parte de las mafias dedicadas a la ocupación ilegal”. 

Un problema de orden público

Aunque la extrema izquierda política y mediática cuestiona la propiedad privada a través de su respaldo implícito o explícito a este tipo de delitos, lo cierto es que su argumento estrella, que liga la ocupación a la necesidad y la pobreza, no se sostiene: “los datos que maneja la Policía en Madrid apuntan a que tan sólo el 25% de los casos observados tiene una motivación real de necesidad. Estas usurpaciones se resuelven en colaboración con los servicios sociales de los ayuntamientos y del gobierno regional, para ofrecer alternativas. Sin embargo, el grueso de las denuncias arroja un patrón muy distinto. En tres de cada cuatro casos, no hablamos de una usurpación motivada por las dificultades económicas, sino de actuaciones delictivas organizadas”.

Así, “entre 2016 y 2017, la Policía madrileña identificó a 3.731 okupas y, de esa cifra total, unos 2.597 han sido fichados en lo que va de 2017. Más de la mitad de los okupas tenía antecedentes con la Justicia, mientras que un tercio está en España en situación irregular. El 84% son extranjeros, procedentes principalmente de República Dominicana, Marruecos y Rumanía, aunque también hay cifras relativamente altas de ecuatorianos y colombianos”, apunta Libre Mercado.

El sector privado, al rescate

La lentitud y torpeza de las instituciones a la hora de blindar al propiedad privada de las familias y las empresas ha dado pie a la aparición de distintas soluciones de mercado. Recientemente se presentó en España una empresa holandesa de gestión de inmuebles vacíos que lleva más de treinta años trabajando en este ámbito.

Fuentes especializadas en el sector inmobiliario consultadas por The Conservative explican que “este es un modelo de negocio muy implantado en Países Bajos, pero que en casos como España resulta totalmente disruptivo y, precisamente por ello, muy interesante, porque se combina la novedad digna de una start up con la trayectoria de una empresa que lleva tres décadas demostrando su éxito”.

La sociedad en cuestión, llamada Ideal Guardian, “se especializa en gestionar inmuebles vacíos. Empezaron en 1993 en Holanda y están implantados en ocho países europeos, de modo que España supone su noveno mercado. En Países Bajos hay medio centenar de empresas de este tipo, muchas de las cuales están asociadas, lo que ha dado pie al desarrollo de una regulación específica que favorece su actividad”.

En Países Bajos, “lo normal es que, si un propietario va a tener un edificio vacío, llame a estas empresas y ellas se encarguen de gestionarlo durante el tiempo que dura el cambio de uso, la reforma u obra pendiente, etc. Para ello, introducen la figura del “guardián”, básicamente una persona que reside en ese edificio por un precio mucho más reducido que cualquier alquiler de la zona y que, a cambio, se compromete a mantener vivo el espacio y alertar ante cualquier deterioro de la propiedad o intento de ocupación. La máxima bajo la cual operan esta empresa y las demás compañías del sector es que un edificio vacío termina convirtiéndose en un polo de atracción de problemas, desde desperfectos a ocupaciones, pasando por acumulación de basuras, grafitis, trapicheos, etc.”.

Otra de las soluciones de mercado que han aparecido en los últimos años en España y otros países se centra en expulsar a las personas que ocupan ilegalmente una vivienda o un local instalando un control de seguridad. En este sentido, la ley permite que los propietarios de inmuebles vigilen los accesos e impidan la entrada a quienes no tengan los papeles en regla y estén ocupando ilegalmente un domicilio o cualquier otro espacio. En este sentido, el control de seguridad resulta de utilidad cuando el delincuente se ve obligado a abandonar la vivienda por unas horas y, a su regreso, encuentra que se le deniega el acceso. A menudo, el mero hecho de la instalación del control de seguridad invita a los ocupas a desistir, aunque la contratación de este servicio supone un desembolso de en torno a 5.000 euros. En ocasiones, los usurpadores intentan contraatacar y denuncian amenazas, coacciones, desalojos extrajudiciales o violación de derechos fundamentales por parte de los porteros enviados por estas empresas, aunque se trata de estrategias disuasorias que no suelen tener mucho recorrido.

“Nosotros siempre trabajamos con la mediación, sin llegar a ningún tipo de violencia. Provocamos el desgaste físico y emocional de los ocupas, amparados por la ley de seguridad privada”, explican desde la empresa Rekupera al diario El Español. Su competencia, Desokupa, factura más de un millón de euros y es, quizá, la más conocida de todas las empresas que han aparecido en este nicho de mercado.

También van a más en los últimos años las agencias especializadas en gestionar propiedades de particulares. No hay que olvidar que más del 95% del parque de vivienda español está en manos de familias, de modo que es difícil resolver esta cuestión sin ajustarse a la realidad económica de los españoles de a pie. En este sentido, lo que hacen empresas como Alquiler Seguro o Agencia Negociadora del Alquiler es proteger a los propietarios garantizándoles un ingreso cada mes y solucionando cualquier problema de este tipo. De esta forma, incluso si se produjese una ocupación, los dueños de la vivienda seguirían cobrando el alquiler con normalidad. Para minimizar riesgos, estas agencias cuentan con un proceso avanzado de selección de inquilinos, así como con protocolos especiales en caso de que surjan problemas durante el arrendamiento.