España, un desgobierno meditado

En unos días se celebra la Navidad. Millones de personas se desplazarán cruzando Europa para pasar estas fiestas con sus seres queridos, al fin y al cabo, que mejor momento para abrazar a aquellos que no han podido ver en meses...

Este año el panorama es algo diferente; hay que prestar atención a unas cuantas reglas antes de viajar, sobre todo para proteger a las personas queridas. Entra dentro de lo sensato que los distintos países de la Unión Europea exijan pruebas PCR para viajar de un país a otro o, al menos, impongan unos días de cuarentena antes de hacer “vida normal”. 

Durante el último consejo europeo del año se habló de la posibilidad de establecer unas medidas comunes de actuación europea. No son pocas las personas que se mueven entre países durante estas fechas tan señaladas, y es muy importante asegurarse que los contagios se mantienen bajo control. 

España no podía ser menos. No se puede hablar de millones de traslados de un punto a otro del territorio, pero sí es cierto que cientos de miles de españoles se moverán por todo el país para ver a sus familias y allegados. En este contexto, parece lógico imponer las mismas medidas que se exigen en el resto de Europa, unos criterios comunes y unas respuestas consensuadas, pero España parece tener su visión particular sobre el asunto. 

El Gobierno de España tomó la decisión de desentenderse de la gestión de la crisis del coronavirus durante las vacaciones de Navidad y ha dejado a criterio de las distintas comunidades autónomas la imposición de las medidas que estas consideren oportunas con el fin de frenar la propagación de coronavirus. Esta decisión ha desencadenado en hechos como que cualquier ciudadano de Cataluña tiene menos posibilidad que un madrileño, por ejemplo, para poder cenar en un restaurante o comprar los regalos de Navidad. 

El desgobierno impuesto está creando 17 sociedades completamente distintas,  con sus consecuentes 17 diferentes resultados de gestión de la pandemia. No se está luchando por imponer las soluciones que funcionen, sino que se está desvinculando las acciones de las distintas administraciones de los resultados obtenidos. Algo que, como suele suceder, acaba repercutiendo en las libertades y derechos de los ciudadanos. 

Los españoles no estamos gobernados por las mismas leyes, ni por las mismas directrices. La obligación de llevar mascarilla en la calle en una comunidad autónoma sí y en otra no, no se está decidiendo por el número de casos activos, sino por políticos que al parecer han estudiado cualquier cosa menos medicina. 

Es precisamente esta arbitrariedad la mayor amenaza contra nuestra salud democrática; la diferenciación entre un ciudadano de primera y un ciudadano de segunda, en función de donde estés empadronado, donde vivas o a donde te puedas desplazar. Por desgracia, este tipo de decisiones en contra de la libertad siempre perjudican principalmente al que menos tiene, al trabajador medio, al que no puede firmarse su propio permiso de desplazamiento o el que no puede cambiarse de residencia. 

La libertad está en peligro, la indefensión jurídica es enorme y el ataque que nuestro sistema constitucional está sufriendo es constante. Es necesario buscar una respuesta conjunta a nivel nacional. Los ciudadanos somos todos iguales en cuanto a derechos y libertades con independencia de donde vivamos. Ningún gobierno puede imponer una medida en Coruña y la contraria en Sevilla por decisión política y sin justificación alguna y, si la impone, no solo tenemos el derecho a disentir, sino que tenemos la obligación moral de hacerlo para defender nuestra libertad y la libertad los que vienen detrás.