La estafa para justificar un rescate ante Bruselas

Tres años, hasta 2024, es el plazo que el Gobierno propone para la implantación del pago por uso en la red española de carreteras de alta capacidad, las autopistas y autovías. Medida que se podría articular en la futura ley de movilidad...

El pasado miércoles día 5 de mayo el Gobierno español remitió a Bruselas el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un “proyecto de País que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID, y para responder a los retos de la próxima década”. Pero nada más lejos de la realidad.

Entre las medidas propuestas en el Plan del Gobierno está el pago por uso de carretas de alta capacidad, con el principal objetivo de costear el mantenimiento de la infraestructura nacional. El Gobierno defiende que este sistema de peajes “supone avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al usuario 'usuario pagador' y también del principio de 'quien contamina paga'”. El Gobierno argumenta que de los 24.466 kilómetros de la red estatal de carreteras, 12.000 pertenecen a vías de alta capacidad.

Sin embargo, ya existen una serie de impuestos directamente relacionados con las carreteras nacionales que ya pagamos todos los españoles, entre ellos, el IVA con el que se grava el coste de sacarse el carnet de conducir, el precio del vehículo cuando se adquiere, las correspondientes revisiones obligatorias de ITV, revisiones, etc. Además, estarían las tasas de tráfico que pagamos desde el momento de examen de la DGT para obtener el carnet de conducir hasta la tasa a abonar en cada inspección de ITV. Y por si esto fuese poco, faltarían los impuestos de matriculación y circulación del vehículo (obligatorio independientemente de si el uso del coche es elevado o si lo tenemos parado en el garaje).

No obstante, es importante recordar que la Unión Europea destinó “fondos estructurales y de cohesión” para que los estados miembros más desfavorecidos – con un PIB per cápita inferior al 90% de la media europea en el momento – se acercaran a los niveles de riqueza del resto. Así, durante la primera década de los 2000, España habría recibido alrededor de 85.000 millones de euros de los países europeos más ricos, en especial Alemania, para construir su moderna red de autovías y poder posicional al país entre las primeras potencias industriales. ¿Pretende el Gobierno que todos los españoles le ayudemos a justificar un rescate ante Bruselas? En su día, España pagó con la pérdida de su industria la ayuda para la renovación de su infraestructura, subsidio cuyo alto precio parece que seguimos pagando a base de impuestos infundados que nos intentan vender como panacea para salir de cualquier crisis económica.

¿Pretende el Gobierno que todos los españoles le ayudemos a justificar un rescate ante Bruselas?

Como justificación al pago por uso de carreteras, el Gobierno pone como ejemplo a todos los países europeos que “ya tienen implantadas medidas semejantes”. Sin embargo, es mentira que en muchos de los países europeos se utilice el sistema de pago directo planteado para todas las vías públicas, sino que se paga a través de otros recursos como pueden ser el sistema de pago por kilometraje inteligente o el derecho de uso llamado euroviñeta para vehículos pesados, en países como Bélgica, Holanda o Luxemburgo.