El 93% de los vapeadores fumaban tabaco con anterioridad y más de la mitad (56%) empezaron a usarlo para dejar de fumar...
En infinidad de ocasiones, las políticas y regulaciones gubernamentales provocan efectos indeseados, e incluso contrarios a los que se buscan. Un nuevo ejemplo de este fenómeno lo descubrimos a raíz de un reciente informe publicado por la Fundación Civismo, en el que se analiza el sector del vapeo en España.
Este estudio desvela que la campaña legal y propagandística emprendida por el Gobierno de España en contra del sector del vapeo ha tenido dos efectos colaterales. En primer lugar, como era esperable, ha contribuido a reducir la actividad económica del sector y su contribución en términos de empleo. Pero, además, ha provocado que las tasas de tabaquismo repunten. En particular, un 34% de los consumidores volvieron a fumar o aumentaron su nivel de consumo.
Esto se debe, según el estudio dirigido por Antonio O’Mullony, a que una gran parte de los vapeadores son antiguos consumidores de tabaco. Concretamente, el 93% de los vapeadores fumaban tabaco con anterioridad y más de la mitad (56%) empezaron a usarlo para dejar de fumar. En este sentido, el 83% de consumidores han dejado el tabaco y ahora sólo vapean. De los que siguen fumando tabaco, el 99% ha disminuido su consumo.
Uno de los factores determinantes del debilitamiento del sector fue la campaña “El tabaco ata y te mata. En todas sus formas” lanzada por el Ministerio de Sanidad en 2019, que equiparaba en términos sanitarios el vapeo con el tabaco.
En contraposición a España, destacan estrategias como las seguidas por Reino Unido, donde se pretende acabar con el consumo de tabaco en el año 2030. En este país, se ha abogado por promover el uso de dispositivos de vapeo como herramienta para reducir el tabaquismo, aplicando políticas basadas en datos científicos y en posiciones de entidades como el Royal College of Physicians o Public Health England. Además, su política general excluye la equiparación del vapeo al consumo de tabaco.
A fin y al cabo, las actuaciones restrictivas, no solo distorsionan el mercado, dañan la actividad económica e invaden la esfera privada del ciudadano, sino que además pueden tener consecuencias contraproducentes sobre la salud de la población al limitar el acceso al vapeo como alternativa de riesgo reducido al tabaco. Estos hallazgos son consistentes con el informe Nanny State Index, publicado por Epicenter en colaboración con Fundación Civismo, el cual demuestra que, allá donde se aplica una política más restrictiva con el vapeo, un mayor porcentaje de población fuma tabaco. Al mismo tiempo, se pone de manifiesto que no existe correlación alguna entre el paternalismo estatal y la esperanza de vida de la población.
Pese a los malos datos de 2020, provocados por las restricciones impuestas por la pandemia y la campaña regulatoria contra el sector, este ha venido creciendo en los años previos. La población de vapeadores ha ascendido hasta más del doble desde el 2016, alcanzando alrededor de 600.000 consumidores en 2019. En este mismo periodo, el tamaño del mercado creció de 86 millones de euros hasta los 183 millones de euros. Mensualmente, el sector del vapeo cuenta con 1.165.448 usuarios.
En términos de empleo, el sector, articulado principalmente a través de PYMES, generó de manera directa más de 7.900 puestos de trabajo en 2019 y 6.700 en 2020, tanto en establecimientos comerciales como en centros de distribución distribuidos a lo largo del territorio nacional.
A nivel comunitario, el número de consumidores en la Unión Europea pasó de 8.009.000 a 9.476.000 entre 2016 y 2019. Asimismo, España pasó a tener un peso relativo en el total comunitario de un 3,12% a un 5,80% del total, consecuencia del crecimiento del sector. En 2020, la aportación de España al total se redujo hasta un 5,16%, al contraerse más que la media europea fruto de la intervención estatal.
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