Por qué Polonia y Hungría aciertan bloqueando el fondo europeo de reconstrucción

La evidencia empírica muestra que, tanto a nivel mundial como en clave europea, la politización de la financiación soberana nunca es buena noticia. ...

Desde mediados del siglo XX, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han protagonizado decenas de programas de “rescate”. La idea detrás de todas estas iniciativas ha sido siempre la misma: lograr que aquellos países que atraviesan crisis económicas de calado introduzcan reformas de calado a cambio de recibir ayuda financiera por parte de estos organismos multilaterales.

La evidencia empírica rechaza la validez de este razonamiento. Expertos como Allan H. Meltzer han demostrado que tanto el FMI como el BM han sido incapaces de lograr resultados satisfactorios en la gran mayoría de sus intervenciones. Aunque sus programas sí logran evitar el colapso financiero de los países afectados, lo cierto es que estos “rescates” no consiguen impulsar reformas estructurales e incluso derivan en graves tensiones entre los países beneficiados y las instituciones beneficiarias.

En parte, es entendible que estos experimentos estén condenados al fracaso. Cuando un país debe financiarse en los mercados pero encuentra dificultades para hacerlo, al gobierno afectado no le queda más remedio que rendirse ante la ortodoxia, evitar experimentos populistas e introducir reformas pragmáticas que generen certidumbre, alienten la confianza de los inversores y permitan captar capital. Sin embargo, cuando aparece un intermediario político que subsidia tal financiación y la sujeta a procesos burocráticos de negociación y renegociación, se siembran los vientos que luego derivan en tempestades como las que tantas veces hemos visto en tales intervenciones.

Aunque la historia de este tipo de operaciones está más vinculada al mundo emergente y a economías menos desarrolladas, Europa vivió episodios significativos para el tema que nos ocupa a lo largo de la Gran Recesión. La crisis estalló entre 2007 y 2008 y puso de manifiesto las carencias estructurales de las economías comunitarias que basaron el crecimiento del lustro anterior en el aumento del endeudamiento propiciado por una política monetaria extremadamente laxa. Una vez salieron a la luz estos desequilibrios, los mercados tomaron nota de las circunstancias de cada uno de los países europeos y empezaron a exigir más intereses por los títulos de deuda que entrañaban un mayor riesgo.

En vez de favorecer un ajuste basado en adoptar reformas y responder con credibilidad a las dudas de los inversores, las instituciones europeas optaron por coordinar diversos programas de “rescate” cuyos resultados han sido cuestionables en la gran mayoría de episodios. Así, aunque Irlanda sí hizo un uso razonablemente adecuado de las ayudas comunitarias, en Portugal y en España vimos que hizo falta un cambio de gobierno para impulsar los cambios necesarios, mientras que en Grecia se sucedieron los incumplimientos a la hora de adoptar reformas y, en vez de un “rescate”, fueron necesarios tres programas de ayuda extraordinaria y una situación de quiebra técnica para estabilizar, por fin, la situación.

Estas lecciones parecen haber caído en saco roto con el estallido de la crisis del covid-19, puesto que la gran mayoría de países europeos ha abrazado de forma acrítica la propuesta de articular un gran fondo de “rescate” orientado a “reactivar” la economía del Viejo Continente. Sin embargo, si esto ya resulta preocupante en sí mismo, lo es más aún si tenemos en cuenta que las instituciones europeas han querido vincular estas ayudas al “respeto al Estado de Derecho”.

La Unión Europea se basa en el reconocimiento mutuo de la legitimidad democrática de sus miembros. Si surgen dudas en este sentido, existen cauces para investigar posibles desviaciones. Lo que no es de recibo es que las cuestiones presupuestarias puedan quedar vinculadas a una evaluación subjetiva y politizada de este tipo de problemáticas. En este sentido, la postura de Polonia y Hungría, a la que ya se ha sumado Eslovenia, parece sensata y apropiada.

Politizar el crédito nunca funciona. De ahí el fracaso de la banca pública, a nivel doméstico, o la ineficacia de los “rescates”, a nivel internacional. Añadir más subjetividad a tales programas solo contribuirá a aumentar la desafección hacia la UE, sin que ello resulte en mejores resultados en materia de reformas económicas y relanzamiento del crecimiento.