El Impuesto sobre el Patrimonio en Europa, camino a la desaparición

La fiscalidad sobre los activos de familias o empresas, cada vez más en desuso. ...

Desde hace unos años, los gobiernos europeos vienen debatiendo sobre la fiscalidad que debe aplicarse al ahorro. El consenso entre la mayoría de expertos es que este tipo de tributación deprime el ahorro y la inversión, lo que a su vez hunde la productividad, el crecimiento y el empleo. Por este motivo, figuras tributarias como el Impuesto sobre el Patrimonio han perdido peso a lo largo de los años, hasta el punto de que solamente España sigue aplicando este tributo.

Pese a esta anomalía, en la Vieja Piel de Toro no se habla de eliminar Patrimonio, sino de mantenerlo e incluso elevarlo. A finales de 2020, dieciséis de las diecisiete comunidades autónomas del país ibérico aplican este impuesto. La excepción a la norma es Madrid, pero el gobierno central, conformado por socialistas y comunistas, pretende intervenir sus competencias regionales para que la autonomía de la capital española se vea forzada a elevar este tributo.

Un informe del Instituto de Estudios Económicos encuentra que, “en comparación con el resto de Europa, la economía española ha adolecido recurrentemente de unos niveles de ahorro deficientes. La tasa media de ahorro del conjunto de la economía española se ha situado en el 21,1% del PIB durante las dos últimas décadas, niveles que sitúan a nuestro país en el puesto 15 de los 27 países de la UE”. Si analizamos la situación actual, vemos que esta brecha ha ido a peor, puesto que la media europea se sitúa ahora en el 24,4% y España se ha quedado en el 22,9%.

Si estudiamos el caso concreto de los hogares españoles, “la situación es aún más preocupante, pues su tasa de ahorro se ha mantenido constantemente por debajo de la del conjunto de la Unión Europea y de las principales economías que la conforman, situándose a la cola de la UE, en una tendencia que se ha agravado desde la pasada crisis financiera. De hecho, aunque en 2018 y 2019 la situación ha mejorado algo, el registro de 2017 (5,54%) es el más bajo de toda la serie histórica (desde 1995). Y, por último, y más importante, al atender a la inversión realizada por la economía española en los últimos 20 años, se observa una clara deficiencia en el ahorro interno para cubrir la inversión acometida, resultado de lo cual España se ha granjeado un importante desequilibrio exterior”.

“Circunscribiéndonos a la imposición sobre el ahorro, una vez entendida la función que este cumple a nivel económico, no es difícil hacerse una idea de las con- secuencias adversas que puede tener la imposición sobre el mismo para el crecimiento económico. Penalizar el ahorro supone lastrar la inversión y, por tan- to, la productividad y el crecimiento económico. Esta inversión no solo se ve penalizada de forma directa, al castigar la formación de ahorro necesario para acometerla, sino también indirecta, ya que las subidas impositivas introducen costes adicionales e incertidumbre al proceso inversor, especialmente en momentos de necesaria consolidación fiscal con elevado endeudamiento público”, apunta el IEE.

Según dicho think tank, uno de los motivos por los cuales el Impuesto sobre el Patrimonio fue desapareciendo en Europa es su escasa capacidad recaudatoria, que alcanzaba el 1% del PIB en el mejor de los casos. En España, de hecho, solo llega al 0,1% del PIB y, en caso de que Madrid lo aplicase, la recaudación total sería de apenas un 0,2% del PIB, cifra insignificante frente a un endeudamiento público que supera el 115% del PIB.

La evidencia europea es, de hecho, concluyente. En Alemania, el Instituto IFO ha estimado que aplicar Patrimonio reduce el PIB hasta un 5%, mientras que en Francia se calcula que cada euro recaudado de forma directa por este tributo producía dos euros de caída en los ingresos totales del sistema fiscal. De hecho, en el país galo vemos que las salidas de capital observadas entre 1998 y 2004 por incidencia del Impuesto sobre el Patrimonio superaron los 200.000 millones de euros.

Por motivos como los anteriores, lo más recomendable es que el gobierno de España abandone su pretensión de elevar la fiscalidad patrimonial en Madrid y homologue el conjunto del sistema tributario al entorno europeo, donde todos los demás países han optado por prescindir de este impuesto tan nocivo e ineficiente.