Europa no debe olvidar sus lecciones en materia de fiscalidad patrimonial

El país que más ha recaudado con este tipo de tributos no ha llegado siquiera al 3% de sus ingresos fiscales totales. A cambio, se genera un daño enorme en materia de inversión, ahorro y cultura pro-emprendimiento. ...

Hace ahora treinta años, el Impuesto sobre el Patrimonio estaba en vigor en una docena de países europeos. Pasadas tres décadas, todos estos países, salvo España, habían eliminado estos gravámenes, conscientes de su ineficacia recaudatoria, sus distorsiones económicas y su complejidad administrativa.

Según explica un nuevo estudio del Manhattan Institute, “de entrada, hay que decir que estos impuestos no lograron generar los ingresos esperados porque las personas sujetas a tales tributos reaccionaban ante su imposición rotando sus activos y tejiendo estrategias de alcance nacional o internacional que les permitieron esquivar el golpe fiscal”.

Fuera de la Unión Europea, Suiza y Noruega siguen aplicando este tipo de impuesto, aunque lo hacen de forma relativamente moderada, porque los tramos aplicables van del 0,3% al 1% en Suiza y se limitan al 0,85% en Noruega. Bélgica, uno de los últimos países que abolió este tributo, limitaba el Impuesto sobre el Patrimonio al 0,15%. En cualquier caso, la evidencia histórica es clara: el país que más ingresos ha conseguido por esta vía apenas ha recaudado el 3% de todos sus ingresos fiscales mediante el Impuesto sobre el Patrimonio.

Según explica el Manhattan Institute, “los impuestos sobre el patrimonio son ineficientes e ineficaces, porque la riqueza es algo intrínsecamente difícil de medir y la puerta termina abierta a todo tipo de arbitrariedades. Las empresas no cotizadas, por ejemplo, no operan en los mercados públicos, lo que significa que no existen precios de las acciones mediante los cuales se pueda medir objetivamente su valor. Por otro lado, los activos financieros pueden ocultarse o trasladarse al extranjero con un solo clic o convertirse en otros activos que son difíciles de valorar o directamente estén exentos del gravamen”.

Peor aún, el think tank recalca que “los impuestos centrados en gravar el patrimonio distorsionan el comportamiento de los agentes económicos de forma perjudicial para el crecimiento y la prosperidad. Al gravar la riqueza, este impuesto reduce el retorno de las inversiones, desalienta el ahorro y penaliza el éxito. Todo esto puede reducir el crecimiento, porque la inversión y la acumulación de capital son aspectos fundamentales para la innovación y el desarrollo”.

Sobre la desigualdad de riqueza

Es difícil referirse a la cuestión de la desigualdad de riqueza, porque las distintas metodologías empleadas para analizar esta cuestión arrojan resultados muy distintos. Por ejemplo, los economistas de referencia de la izquierda radical, como Thomas Piketty, Emmanuel Sáez y Gabriel Zucman, hablan de niveles de desigualdad de riqueza en Estados Unidos y Europa que superan en un 50% las estimaciones de otros economistas que han tocado esta cuestión, como Matthew Smith, Danny Yagan, Owen Zidar y Eric Zwick.

Más allá de este debate, referido a la medición de la desigualdad de riqueza, es importante recalcar que tampoco hay pruebas de que una mayor desigualdad de riqueza perjudique el crecimiento económico. El mejor ejemplo lo tenemos en las economías del Norte de Europa, que son líderes en desigualdad de riqueza pero también tienen buenos indicadores de crecimiento.

No hay que olvidar las lecciones del pasado

Es importante que Europa no olvide las lecciones de su propio fracaso con los impuestos sobre la riqueza. En los próximos años, la crisis de deuda derivada de la pandemia del covid-19 animará el apetito de las autoridades fiscales, que buscarán nuevas formas de ingresos para compensar los déficits presupuestarios que ha generado el coronavirus.

Los impuestos patrimoniales son tributos ineficientes, desfasados y distorsionadores. Envían un mensaje equivocado, contrario a la creación de riqueza y concebido como un ataque hacia quienes tienen éxito económico. Y su coste económico a largo plazo llega al 5% del PIB, según estimaciones del Instituto IFO para Alemania.