Un análisis coste-beneficio de las restricciones a la movilidad en Europa

España, por ejemplo, podría haber sufrido una crisis económica cuatro veces menor si hubiese mantenido la economía semiabierta y hubiese concentrado sus recursos en proteger a los mayores y otros grupos de riesgo. ...

En el primer trimestre del año, tras el estallido de la pandemia del coronavirus, la mayoría de los gobiernos europeos optaron por decretar el confinamiento generalizado de la población. Esta decisión trajo consigo un rápido y profundo frenazo de la producción económica, con niveles de caída del PIB que no se conocían desde la II Guerra Mundial.

La apuesta por el confinamiento masivo se justificó en términos sanitarios. Era preciso frenar la propagación del covid-19 y evitar el colapso de los servicios de salud, especialmente los hospitales y las camas UCI, de modo que el “cerrojazo” era la única respuesta válida.

En clave económica, la discusión giró pronto hacia el análisis coste-beneficio de las medidas de confinamiento. Aunque muchos políticos argumentaron que “la vida no tiene precio” o que “salvar vidas es más importante que salvar la economía”, ninguno de esos líderes practica lo que predica. Al fin y al cabo, si “la vida no tiene precio”, ¿por qué no invertimos todo lo posible en buscar una cura para las enfermedades raras? Por la sencilla razón de que la vida no tiene precio, pero la sanidad sí. Y, por otro lado, si “salvar vidas es más importante que salvar la economía”, ¿de qué manera pretendemos financiar la salvación de esas vidas cuando ya no haya recursos económicos con los que pagar la investigación médica o el funcionamiento de clínicas, hospitales y centros de salud? En efecto, por seductores que sean estos mensajes en tiempos de pánico, lo cierto es que la salud y la economía van de la mano y no pueden desligarse la una de la otra.

De hecho, los mismos políticos que caen en este tipo de populismo toman decisiones en materia sanitaria a partir de estadísticas como el VEV o valor estadístico de la vida, que no es más que la valoración en términos monetarios que se le atribuye al hecho de evitar que fallezca una sola persona. Los cálculos realizados por la OCDE estiman que esta cifra alcanza, en promedio, los 2,7 millones de euros. En España, el país con exceso de mortalidad por habitante durante la pandemia, el rango estimado va de 2 a 2,7 millones de euros.

Los investigadores Antoni Riera Font, Aina M. Ripoll Penalva y Josep Mateu Sbert explican que “la valoración del riesgo de vida constituye un elemento clave del análisis coste-beneficio de la mayor parte de políticas públicas que pretenden reducir el riesgo de mortalidad de los individuos (salud humana, seguridad laboral, condiciones ambientales y seguridad vial, entre otras). Aunque la parte relativa a los costes de este análisis es, ciertamente, poco problemática, la cuantificación y monetarización de sus beneficios reviste una elevada complejidad, al no existir un mercado propiamente dicho donde los individuos puedan “comprar” o “vender” reducciones del riesgo de muerte o enfermedad”.

Un problema del enfoque VEV es que asigna un valor genérico a salvar cada vida humana, lo que significa poner en el mismo cesto a un niño de cinco años y un abuelo de noventa. Para corregir esa cifra, podemos tomar como referencia el cálculo del AVAC o año de vida ajustado por calidad (QALY por sus siglas en inglés). En este caso, se trata de una medida de estado de la salud que estudia la cantidad y la calidad de vida, un criterio vital para valorar cuestiones como la rentabilidad de las intervenciones médicas. En España, por ejemplo, los estudios de Laura Vallejo-Torres, Borja García-Lorenzo y Pedro Serrano-Aguilar estiman que el AVAC oscila entre los 22.000 y los 25.000 euros.

Combinando los dos enfoques y diferenciando por franja de edad, las estimaciones para ambos indicadores varían significativamente. En Estados Unidos, el valor estadístico de salvar una vida de 0 a 19 años de edad se estima en torno a los 23,4 millones de dólares, mientras que el de una persona de más de 85 años sería de 2,2 millones. Por otro lado, el valor de un año de vida extra sería de 7,5 millones entre los más jóvenes y del 0,7 millones entre los más mayores, mientras que el indicador AVAC arrojaría 1,3 millones en el primer grupo y 0,4 millones en el segundo. Dicho de otro modo: el abanico es muy amplio, puesto que el QALY va de 0,4 a 1,3 millones y el VEV se mueve entre 2,2 y 23,4 millones, dependiendo de si hablamos de menores de 20 o mayores de 85 años.

En este sentido, ¿cuál sería el enfoque coste-beneficio de salvar la vida de un paciente enfermo de covid-19? Como sabemos, alrededor del 95% de la mortalidad se produce entre las personas de más de 60 años, correspondiendo el 70% de los decesos de personas de más de 80 años. Partiendo de esa base, un estudio publicado por la revista Forbes valora el VEV de salvar una vida afectada por covid-19 en 4,6 millones de dólares, mientras que el AVAC sería de 600.000 dólares. Otros informes, firmados por investigadores de la Universidad de California del Sur, la Universidad de Michigan, la Universidad de Northwestern o el Instituto Cato, elevan la estimación del VEV a un rango que va de 5 a 10 millones. Sin embargo, aunque estos investigadores sí consideran la edad de los fallecidos, sus estudios no toman como referencia el enfoque AVAC, cuya utilidad es mucho mayor cuando hablamos de una enfermedad como el covid-19, cuya incidencia se concentra entre los más mayores.

Entonces, ¿qué estimaciones podemos hacer para hacer una aproximación coste-beneficio más certera? Los estudios de seroprevalencia, que son la mejor aproximación al número total de personas que se contagian de coronavirus, nos dicen que la tasa de letalidad de la enfermedad ronda el 0,2%. Así, volviendo a tomar como ejemplo el caso de España, esto supondría que un escenario con total ausencia de medidas de control se cobraría 96.000 muertes. Si tenemos en cuenta que, durante el primer semestre del año, el exceso de mortalidad registrado por el país ibérico rondó los 45.000 decesos adicionales, esto quiere decir que se habrían evitado 51.000 muertes, pero solamente si asumimos que hay dos extremos: total ausencia de medidas o confinamiento generalizado de la población. Ese diferencial de 51.000 muertes se queda muy por debajo de la cifra que ha divulgado Pedro Sánchez, quien afirma que el “cerrojazo” aprobado por su gobierno permitió “salvar 450.000 vidas”.

Así las cosas, si en un escenario de infección generalizada hubiesen sido esperables unos 96.000 fallecimientos, el VEV de salvar esas vidas mediante un confinamiento generalizado sería de 225.600 millones de euros. No obstante, si el AVAC medio es de 23.500 euros y si ajustamos los datos de fallecimientos a la esperanza de vida, el valor del confinamiento en términos de vidas salvadas rondaría los 35.000 millones de euros, partiendo de que las vidas salvadas iban camino de cumplir con la esperanza de vida media en España. Hay que advertir, eso sí, que el AVAC empleado asume el valor medio estimado para España (entre 22.000 y 25.000 euros), a pesar de que el año de vida ajustado por calidad tiene menor valoración entre los mayores, de modo que estamos ante un cálculo conservador y la cifra podría ser revisada muy a la baja.

Como es evidente, el enfoque VEV es muy distinto del AVAC. La caída del PIB proyectada para el año 2020 ronda los 150.000 millones de euros, de modo que el confinamiento puede parecer rentable con el enfoque VEV, pero resulta tremendamente costoso si se evalúa desde el cálculo AVAC. Como ya se ha indicado, el problema de emplear cálculo VEV en una enfermedad como el covid-19 está en el hecho de que el 95% de los fallecidos tienen más de 60 años, siendo el 70% mayores de 80 años, de modo que el método AVAC parece más apropiado, ya que el grueso de la mortalidad está concentrada entre personas de muy avanzada edad.

Pero, entonces, si el confinamiento masivo tiene un coste cuatro veces más alto que el AVAC de permitir que el covid-19 circule de manera generalizada, ¿significa eso que esa es la mejor solución posible? En absoluto. De hecho, un primer mes de confinamiento puede ser justificable desde el punto de vista asistencial, puesto que el colapso de la capacidad sanitaria puede generar un mayor número de fallecidos por falta de recursos. Sin embargo, más allá de ese primer pico de presión sobre el sistema de salud, lo más eficiente es habilitar una reapertura de la economía ajustada a medidas de prevención y combinada con una estrategia específica de protección de los grupos de riesgo. Y, sabiendo que el AVAC de referencia es de 35.000 millones de euros, podemos decir que esa es una buena estimación de la inversión económica que podrían llegar a asumir de forma rentable los gobiernos a la hora de proteger a la población, desplegando con tales recursos todo tipo de programas orientados a aumentar la capacidad del sistema sanitario y a evitar la propagación del covid-19 entre los mayores.

Como esta opción siempre estuvo encima de la mesa, muchos gobiernos han apostado por esa vía y han conjugado restricciones suaves con fuertes inversiones en prevención. Un buen ejemplo es Alemania. El resultado ha sido una baja mortalidad y una crisis económica más acotada y manejable. Sin embargo, los países que reaccionaron tarde y tomaron medidas drásticas durante un periodo más prolongado han sufrido un castigo hasta cuatro veces mayor en términos económicos, amén de una mayor mortalidad por su ineficacia en la protección de los más vulnerables.  

Por tanto, la reacción que nos deja la crisis del covid-19 es que el pánico favoreció la toma de decisiones drásticas que no necesariamente respondieron a un cálculo de eficiencia coste-beneficio capaz de orientar las decisiones de salud pública hacia escenarios menos costosos para la economía y más eficientes para la salud de la población. En vez de "cerrarlo todo", es posible "abrir casi todo" y "proteger a todos los grupos vulnerables", para que la factura final de la crisis sea mucho menos costosa, tanto en actividad y empleo perdido como en vidas humanas.