Un gobierno centrado en empobrecer a la gente

La mayoría de los países de la Unión Europea cuentan con gobiernos que intentan ayudar a la generación de riqueza lo máximo posible. Son gobiernos que procuran no involucrarse en la vida de las personas o las empresas. Son conscientes de que la libertad en este campo es esencial para poder recaudar impuestos.

Hace unos años este artículo podría haber comenzado diciendo: “pero algo diferente ocurre en el sur de Europa”. Hoy ya no podemos decir lo mismo. El sur de Europa ha aprendido y aplica ya las mismas políticas que ayudaron a sus vecinos del norte a salir de la última crisis que asoló al continente; con la excepción de uno, España.

En los últimos días estamos viendo como el Gobierno de España se está centrando en hacer todo lo contrario que el resto de sus vecinos de la Unión Europea. No existe ni un solo país en la Unión que esté aplicando las mismas políticas económicas que España. Son ellos, los gobernantes de nuestro país, los que en los últimos meses se han ganado muchos tirones de orejas por parte de la Comisión Europea. Algo que demuestra la peligrosidad de las acciones políticas de izquierdas para el bienestar de los españoles. Conviene detenerse en una en concreto. Una de las últimas decisiones que este gobierno de coalición entre dos partidos — que bien podríamos decir que añoran los primeros años del Siglo XX — quieren sacar adelante.

El Consejo de Ministros de España anunció recientemente que tiene la intención de aniquilar todas y cada una de las sociedades durmientes en España. Todas aquellas empresas que estén legalmente constituidas, que hayan tenido actividad previa o no, que tengan socios o que sean de uno solo, pero que no tengan actividad, el Gobierno quiere cerrarlas. La única razón parece ser que tratan de reducir las posibilidades de crecimiento económico en un futuro próximo. Cabe mencionar que, aunque carentes de actividad, estas empresas no están exentas de cumplir con sus obligaciones mercantiles y fiscales. Las causas de dejar a las sociedades sin actividad pueden ser motivos fiscales, que estén esperando a algún momento o evento para su actividad, o simplemente evitar los trámites y costes de liquidación.

La Agencia Tributaria anunciaba a principios del pasado año mediante Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2020, que aquellas “sociedades inactivas o con escasa o nula actividad (…) resultan potencialmente ocultadoras de la verdadera titularidad de bienes y derechos, en España o en otras jurisdicciones, y afectan con ello la transparencia de nuestro sistema en el conocimiento y comunicación del Beneficiario Efectivo”.

Si bien es cierto que desde la Agencia Tributaria defienden la medida como “fomento del cumplimiento voluntario y prevención del fraude”, en el momento de su aprobación España no se encontraba inmersa en una crisis económica como la actual. Habrá un antes y un después de marzo de 2020 en el mercado español. El número de empresas que cotizan en la actualidad es la cifra más baja desde 2014, el año en el que la economía española comenzó a crecer y a crear empleo tras seis largos años de recesión.

Pero ¿existe algo más detrás de esta necesidad de examinar con detalle todas las empresas de España? ¿Está el Gobierno buscando algo más que la actividad de las empresas? ¿Querrá este Gobierno del pasado auditar la riqueza del presente?

Es bien sabido que el éxito económico proviene de la libertad individual. España está desandando un camino que había conseguido andar con la transición democrática. Cada vez se aprecia más como, con la excusa de la pandemia, las libertades individuales para los ciudadanos y empresas se están reduciendo, atacando o suprimiendo. Son precisamente estas libertades las que garantizan que las próximas generaciones puedan vivir mejor que la actual. 

En una situación económica estable, que un gobierno obligue a echar el cierre a empresas durmientes que llevan muchos años sin actividad o que nunca la han tenido, no generaría tanta polémica. Sin embargo, la situación actual es diferente. Es importante recalcar que España cuenta con un Gobierno sumido en la mayor crisis sanitaria, política y territorial de su historia, y que parece estar más preocupado por conocer los datos económicos y actividad de las empresas que operan en su país que de saber el número de personas que han fallecido a causa de la Covid-19. Es precisamente esta comparación la que debe generar preocupación. ¿Por qué ahora?